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Compañías de EE.UU. y Canadá se unen para negocio de marihuana

Washington, 7 dic  La compañía estadounidense Altria, gran comercializadora de comida, bebida y tabaco, anunció hoy su entrada en el negocio de la marihuana recreativa con una inversión de mil 800 millones de dólares en la empresa canadiense Cronos.
Mediante la operación, la matriz de Philip Morris USA logrará el control del 45 por ciento de las acciones de la otra entidad y el derecho a elegir a cuatro de los siete miembros de su junta directiva.
También, tendrá la posibilidad de ampliar su participación hasta el 55 por ciento durante los próximos años, con un precio por acción ya fijado antes.
Altria considera que el mercado del cannabis va a tener un rápido crecimiento durante la próxima década y complementa su negocio central, el de los cigarrillos, según reportes de prensa.
Por su lado, Cronos ve al ente estadounidense como el socio ideal y destacó que le ofrecerá los recursos y la experiencia necesaria para acelerar su crecimiento.
Una y otra parte esperan que el negocio se cierre en la primera mitad de 2019, después de recibir la aprobación de sus accionistas y los reguladores.
El cannabis continúa siendo perseguido a nivel federal en Estados Unidos, y las empresas de la vecina Canadá, donde el uso recreativo de la marihuana se legalizó recientemente, son las que más atención han recibido hasta ahora.
Así, la también empresa canadiense Canopy Growth, rival de Cronos, recibió en 2018 una inversión de cuatro mil millones de dólares de la estadounidense Constellation Brands, productora y comercializadora de cerveza, vino y licores, atraída por la posibilidad de elaborar bebidas que incluyan la droga. 



Orden de Trump contra asilo a inmigrantes recibe nuevo rechazo

Washington, 8 dic  El decreto del presidente estadounidense, Donald Trump, contra la posibilidad de obtener asilo por quienes entren ilegalmente al país presenta hoy un nuevo fracaso tras una decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito.
Con una votación dividida de 2-1, esa entidad, asentada en San Francisco, California, se rehusó anoche a permitir la medida del mandatario, la cual pretendía rechazar las solicitudes de dicho permiso presentadas por personas que cruzaron sin documentos la frontera con México.
La prohibición de Trump, de hace un mes, es discordante con las leyes federales existentes y un intento por eludir al Congreso, decretó el panel.
'Al igual que nosotros, como se nos recuerda a menudo, no debemos legislar desde el Capitolio, el Ejecutivo tampoco debe legislar desde la Oficina Oval', escribió por la mayoría el juez Jay Byby, propuesto al cargo por el otrora presidente republicano George W. Bush.
Reportes de prensa apuntaron que Steven Stafford, portavoz del Departamento de Justicia, no comentó al respecto, pero hizo referencia a una declaración previa en la cual se mencionó que el sistema de asilo estaba averiado.
También señaló que la entidad federal seguirá defendiendo el ejercicio legítimo y bien fundamentado de la autoridad del Poder Ejecutivo para enfrentar la crisis en la línea divisoria sur.
A criterio del juez Edward Leavy, discordante del mencionado fallo, el gobierno norteamericano adoptó métodos legales contra los problemas que proliferan en el área limítrofe.
El último 19 de noviembre, el magistrado federal John Tigar, de San Francisco, puso freno de manera temporal a la disposición de Trump, quien justificó la orden con su propósito de evitar la entrada de miembros de caravanas de migrantes centroamericanos que se dirigían a Estados Unidos.
De acuerdo con la orden del jefe de la Casa Blanca, solo quienes ingresen a territorio norteamericano por pasos fronterizos oficiales pueden solicitar el referido permiso.
Tigar se pronunció tras una demanda interpuesta por organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes.
Por su parte, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles sostuvo que la ley estipula que se debe garantizar el asilo a cualquiera que entre en suelo norteamericano, independientemente de si lo hace legal o no.
Así, Tigar indicó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965 establece que cualquier extranjero que llegue a Estados Unidos, sea o no a través de un puerto de ingreso, puede pedir asilo.
La administración de Trump ha argumentado reiteradas veces que tiene el poder exclusivo de frenar la inmigración en aras de garantizar la seguridad nacional.